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3 agosto, 2008 / pepa

Los resquicios de la ley y las municipalidades


Reproduzco a continuación una respuesta-corrección de Florencia Trujillo, abogada de Cefu, a mi análisis de la ordenanza 1 de la municipalidad de La Florida. Decía yo que ofrecer servicios de eutanasia es ilegal, como ocurre en el mencionado municipio y otros. Pero estictamente no sería tanto ilegal hacerlo, sino más bien un resquicio de la ley, y sería hasta humanitario terminar con la vida de un perro a quien acaba, por ejemplo, de aplastar un autobús y que a todas luces no tiene posibilidades de sobrevivir. Lo que ocurre es que las municipalidades con frecuencia llaman eutanasia a algo que no lo es, como terminar con la vida de perros callejeros (sanos) como método de control de población. Y las municipalidades animan y aceptan perros que sean entregados ´voluntariamente´ por los ciudadanos con otros fines que los humanitarios. Y esto debiera ser combatido: además de que en muchos casos el que entrega el perro (el que firma el papel) no es el dueño, y el perro no es sino un perro callejero, son discutibles (o repudiables) los supuestos éticos (y legales) de esta norma.
Pero lean el texto de Florencia Trujillo, que no tiene desperdicio:
No he leído la ordenanza de La Florida pero respecto al artículo 7 que autorizaría a ofrecer el servicio de eutanasia NO ES ILEGAL porque está orientado a particulares dueños de animales que disponen voluntariamente de su propiedad.
Lo que se deprende de la ley, particularmente del Reglamento de Prevención de la Rabia en humanos y animales, más lo que han dicho los Tribunales Superiores de Justicia y la Contraloría es que no se puede utilizar la eliminación de perros (erróneamente llamada eutanasia pues ésta es sólo para casos gravísimos y terminales de enfermedad o sufrimiento y además es indolora, básicamente por sobredosis de anestesia) como política de control demográfico canino, o sea, no es permitido retirar y eliminar perros de las calles para reducir la sobrepoblación. Esta restricción corre tanto para municipios como para Servicio de Salud. En otras palabras, sólo se puede retirar y eliminar bajo los presupuestos referidos a un posible brote epidemiológico de rabia, NO las municipalidades sino el Servicio de Salud, utilizando métodos racionales; además debiendo respetar el tiempo de 10 días de observación del animal vivo, y, por supuesto, sin incurrir en el 291 bis del Código Penal (“maltrato o crueldad con animales”).
PERO OJO EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LA RABIA Y EL ARTÍCULO 291 BIS del Código Penal NO SON LA ÚNICA NORMATIVA que tiene efectos directos sobre perros o gatos y animales en general.
En Chile los animales son jurídicamente hablando “cosas corporales muebles semovientes”, o sea una cosa perceptible por los sentidos, la vemos, la podemos tocar, y que tiene la peculiaridad de moverse por sí misma (artículo 567 Código Civil, norma del siglo XIX). La Constitución de la República garantiza el derecho de propiedad sobre las cosas de tal modo que si somos dueños de un animal, por ej. perro o gato, y queremos disponer de éste, vendiéndolo, donándolo, o destruyéndolo SOMOS LIBRES DE HACERLO, con ciertas limitaciones (ej:muerte indolora) establecidas (sólo)en la ley. Por tanto, como particulares nos está permitido destruir nuestro patrimonio siempre que dicha destrucción no esté prohibida y que no afecte derechos de terceros (afectar en un sentido económico).
POR ESO ES IMPORTANTE EL CAMBIO EN EL ESTATUTO JURÍDICO DE LOS ANIMALES, para que tengan un trato diverso del trato a las cosas. Por ejemplo, para que su tenencia por humanos esté sujeta y condicionada a limitaciones especiales, a ciertos deberes, incluso restricciones o prohibiciones de tenencia. Legislar en un sentido preventivo, no sólo cuando está hecho el mal.
En estos momentos de la historia jurídica de nuestro país sólo es posible atacar el “servicio de eutanasia” que practican los municipios si lo hacen infringiendo el 291 bis C.P., el Reglamento de Prevención de la Rabia, el derecho de propiedad (art.19 nº25 Constitución), o los dictámenes de Contraloría en orden a que no pueden utilizar como método de reducción poblacional la eliminación.
Hoy los municipios y el servicio de salud saben que andar anunciando brotes de rabia no es tan jauja, entonces es más fácil utilizar el resquicio legal de la “entrega voluntaria”.
Si yo, como municipio, ofrezco un “servicio de eutanasia” orientado a los habitantes de la comuna para que LOS DUEÑOS de los animales “dispongan” la muerte de su animal de manera indolora (método racional), sin incurrir en maltrato o crueldad, ESTOY ACTUANDO CONFORME A LA LEY, aunque se trate de perros sanos. Lo mismo ocurre para las clínicas privadas.
EL MEOLLO ES ACERCA DEL DERECHO DE PROPIEDAD SOBRE LAS COSAS. LOS ANIMALES NECESITAN SALIR DEL ART 567 CÓDIGO CIVIL Y TENER UNA CATEGORÍA ESPECIAL.
El “servicio de eutanasia” en su idea matriz no está mal (en el plano teórico) pues si una persona u organización recoge de la calle en estado agónico a un perrito, gato, paloma, etc. atropellado, reventado bajo el neumático de un camión, podría llevarlo a este lugar y procurarle una muerte digna. De hecho dentro de la propuesta técnica de CEFU se contempla la creación para cada comuna de una posta de atención veterinaria de urgencias… conceptualmente más completo que un simple “servicio de eutanasia”.
Sin embargo… como expliqué más arriba, entre teoría y práctica existe una contradicción voluntaria por parte de muchos municipios. Usualmente se utiliza esta posibilidad de ofrecer un servicio de atención veterinaria compasiva como un resquicio legal para eliminar perros sanos (no terminales, ni atropellados, ni con sufrimiento crónico), CON O SIN DUEÑO, bajo la tristemente célebre figura de la “entrega voluntaria”.
En mi opinión lo que más se acercaría a la propuesta técnica de CEFU, respecto de atención de urgencia y de procedimiento veterinario compasivo (eutanasia) sería el reformular desde los municipios el concepto de “eutanasia” y de “entrega voluntaria”, en cuanto a los objetivos perseguidos, en cuanto a su implementación y fiscalización. Empezando por hacerles ver que no tienen por qué solucionarle el problema a los particulares que ya no quieren a su masacota.
Me parece muy cierto lo planteado por Mauricio Briones y Alejandra Cassino… no todos los municipios van a adoptar una actitud abierta pero intentar conversar con la autoridad es el primer paso.
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